Colombia: contra la Impunidad llaman a no votar candidatos paramilitares

Una entidad de hijas e hijos de víctimas de "la guerra sucia y el terrorismo" en Colombia llamó a la ciudadanía a no votar en los comicios parlamentarios de este domingo por las listas que postulan a presuntos paramilitares, sus cómplices y sus testaferros.

Cuando la actual parlamentaria de la cámara baja colombiana Muriel Benito-Revollo era candidata en las elecciones de 2002 en el departamento caribeño de Sucre, el hoy desaparecido jefe paramilitar "Rodrigo Cadena" no se quedó de brazos cruzados.

Gracias al control que ejercía en el poblado de San Onofre, de donde es oriunda Benito-Revollo, "Cadena" convocó a la población a la plaza y reunió a los concejales.

En una bolsa introdujo papeles con los nombres de cada concejal, y sacó dos papeletas.

"Dijo que si la señora Benito-Revollo no salía elegida, iba a matar a esos dos concejales y a algunas personas de San Onofre elegidas al azar por él", relató a IPS el filósofo Iván Cepeda, hijo del periodista y senador Manuel Cepeda, asesinado en 1994 e integrante del exterminado movimiento izquierdista Unión Patriótica.

Benito-Revollo ganó su escaño. "Cadena" fue parte de la cúpula de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre cuyos jefes se cuentan narcotraficantes y que son consideradas responsables de 70 por ciento de los crímenes en la guerra civil de este país en la que también actúan, desde 1964, guerrillas izquierdistas.

Las AUC negociaron con el derechista presidente Álvaro Uribe una cuestionada desmovilización parcial que está a punto de culminar. El propio "Cadena" se desmovilizó en julio, pero desapareció en noviembre.

Ahora, Benito-Revollo es candidata al Senado para los comicios parlamentarios de este domingo por el uribista Partido Conservador.

La candidata y sus hermanos manejan los contratos estatales en seis municipios del norteño Sucre, y su campaña habría condicionado la instalación de agua potable en San Onofre al resultado electoral, según la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, que elaboró el mapa de la influencia paramilitar en las elecciones de este país andino.

"Según testigos, desde 2001 los paramilitares perpetraron en esta región del país cerca de 2.000 'desapariciones' forzadas. Muchos de estos crímenes se cometieron para eliminar a los opositores políticos de la representante Benito-Revollo", dice un llamamiento electoral no partidista, enviado el jueves a IPS por Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad.

"Unidos, Hijas e Hijos hemos convertido el dolor en esperanza, hemos decidido asumir la lucha en contra de la impunidad", advierte el texto, que contiene un listado de nombres de candidatos para los comicios legislativos cuya votación es desalentada por la entidad, entre ellos Benito-Revollo.

El llamamiento cuestiona a ocho partidos y movimientos, todos ellos seguidores del presidente Uribe, quien aspira a ser reelecto en mayo y mantiene una intención de voto de 48 por ciento, según las encuestas, luego de tres años y medio de gestión.

Se trata de los partidos De la U, Conservador y Colombia Democrática, y los movimientos Cambio Radical, Colombia Viva, Alas - Equipo Colombia, Dejen jugar al Moreno y Convergencia Ciudadana.

Con el fraccionado oficialismo, Uribe calibra por estos días partido por partido posiciones de bancada como condición para cobijarlos bajo el paraguas de su candidatura.

A Uribe se oponen el Partido Liberal, social demócrata y mayoritario aunque no supera a los sectores uribistas juntos, el izquierdista Polo Democrático Alternativo y Visionarios con Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, entre otros.

Aunque el Partido de la U, Cambio Radical y Colombia Democrática excluyeron de sus listas a varios candidatos, al parecer cuando la embajada de Estados Unidos advirtió a sus líderes que les quitaría la visa de ingreso a ese país, los expulsados resultaron finalmente inscriptos en otras planchas uribistas.

La del jueves es la primera aparición pública de Hijas e Hijos, una entidad cuyo comunicado fechado el miércoles marca su creación, acordada la semana pasada. Sólo informa que se trata de un grupo "significativo de personas" en cuanto a su número, presente en varias ciudades del país, pero no da cifras ni precisa lugares porque muchos de sus miembros temen identificarse.

Sin embargo, los portavoces de Hijas e Hijos "sí tenemos rostros. Somos personas hijas de miembros de la Unión Patriótica, de dirigentes sindicales y del movimiento social. Somos los hijos de las personas que han barrido la guerra sucia y el terrorismo en Colombia", explicó Cepeda.

"Somos Hijas e Hijos de personas que enfrentaron el asesinato, la persecución, el genocidio, las masacres, el terror, el exilio, la 'desaparición' y el desplazamiento forzados, por pertenecer a organizaciones políticas y sociales que luchaban y luchan por transformar este país", dice el llamamiento.

"Llamamos al pueblo colombiano a ejercer un veto en contra de los victimarios y de sus cómplices. Llamamos a no votar a favor de aquellos que directa o indirectamente, aliados con el paramilitarismo, son responsables en la impunidad de la ola de muerte y corrupción que continúa azotando nuestro país", dice Hijas e Hijos.

Los paramilitares dicen apoyar al Estado y de hecho actúan conjuntamente con unidades de la fuerza pública, según testimonios acogidos por la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras.

Hijas e Hijos mencionan "el espectáculo bochornoso" de las listas electorales, "en las que los victimarios responsables del exterminio de miles" aparecen ante la opinión pública "como candidatos legítimos", mientras "todos sus crímenes" continúan en total impunidad.

Hijas e Hijos aspira no solamente a que haya sanción judicial, sino también sanciones de carácter político y ético "a las personas que hayan participado directa o indirectamente en los crímenes masivos que se han cometido, o que se han beneficiado con ellos", sostuvo Cepeda.

Los violadores "deben ser marginados de la vida política y de la posibilidad de desempeñar cargos públicos", agregó.

En el listado de Hijos e Hijas figuran nombres que "aparecen involucrados en investigaciones judiciales, informes de derechos humanos y escándalos conocidos a través de los medios de comunicación", sostuvo.

"Su idoneidad ética se encuentra gravemente comprometida por su presunta participación en la ejecución de crímenes contra la humanidad, apoyo a grupos paramilitares o actos de corrupción", advierte el llamamiento.