La Paz, 15 Mar. - El gobierno boliviano mantiene hoy inalterable su negativa a abogar por una empresa controlada por la transnacional española Repsol y sometida a un proceso por contrabando, a la que defiende la administración de Madrid.
Al mismo tiempo, el partido del ex presidente Jorge Quiroga, heredero del ex dictador Hugo Banzer, se puso del lado de Repsol, al intentar cuestionar las acciones judiciales, junto a sectores empresariales conservadores.
Tanto el mandatario Evo Morales como el vicepresidente Alvaro García defendieron los fueros de la justicia local y la obligación de las empresas extranjeras de acatar las leyes, frente a presiones diplomáticas y mediáticas de Repsol y su gobierno.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseveró tajantemente que el gobierno no abogará por la transnacional porque hacerlo sería interferir en la administración de justicia.
Morales se refirió al tema en una breve visita a Santa Cruz, ciudad en la que se desarrolla el proceso y donde ayer fueron liberados por una fianza de 50 mil dólares dos ejecutivos de Andina, empresa controlada por Repsol, tras una breve detención.
El mandatario dijo que su administración hace respetar las leyes, lo que no significa una amenaza a la inversión, y consideró resuelto el problema con la libertad del presidente de Andina, Julio Gavito, español, y el gerente de la misma, Pedro Sánchez, argentino.
Ambos fueron arrestados tras presentarse a declarar tras varios días de estar en la condición virtualmente de fugitivos, con una orden de detención por no acatar una convocatoria del Ministerio Público.
"Este tema es de la justicia, yo no soy fiscal ni juez", subrayó, a tiempo de expresar el deseo de que se aceleren las investigaciones de un contrabando de petróleo por más de nueve millones de dólares que, según la Aduana, cometió Andina.
Admitió que el tema puede lastimar las relaciones con España, y confirmó que un funcionario de Madrid habló con el en su reciente visita a Chile, abogando por los ejecutivos de Andina, pero le respondió que debían someterse a la justicia.
"Tengo información de que el gobierno de ese país tiene mucho que ver con Repsol y hay que buscar soluciones, pero lo importante es que la justicia esclarezca estos hechos", dijo.
Advirtió a los respectivos gobiernos que serán sancionadas las empresas extranjeras implicadas en actos ilegales y no que no respeten las leyes.
Las empresas tienen la obligación de subordinarse y cumplir con las leyes bolivianas; las que respeten al Estado nacional serán bienvenidas, pero las que cometen irregularidades o no tributen tienen que ser castigadas, aseveró.
El vicepresidente García, por su parte, afirmó que "la justicia cumple su papel y si eso va a afectar algún tipo de inversión, lo lamentamos".
Por su parte, la empresa -que admite haber exportado irregularmente petróleo por más de nueve millones de dólares y alega que lo hizo por un supuesto error administrativo-, continuó su ofensiva mediática al sostener que no confía en los fiscales a cargo del caso.
En ese afán, recibió el apoyo tácito del minoritario partido de Quiroga, Poder Democrático (Social), que en una ofensiva contra el ejecutivo acusó a este de usar el Ministerio Público para actuar contra Repsol, aunque el proceso se originó meses antes del inicio de la actual administración.
El presidente de la empresarial Cámara de Industria y Comercio de la oriental ciudad de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, apoyó también a Andina y acusó a los fiscales de haber convertido el proceso en un "show mediático".
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