Caracas, 16 Mar. ABN (Xavier de la Rosa).- La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el informe sobre irregularidades en el Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez), en el cual se establece la responsabilidad política de 19 personas, entre ellas, el ex ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, y tres oficiales de la Fuerza Armada Nacional.
El informe de 72 páginas fue debatido durante casi cuatro horas en la sesión ordinaria de este jueves, durante la cual intervinieron cerca de 10 parlamentarios de diversas toldas políticas.
En el documento se declara la responsabilidad política del general de Brigada del Ejército Delfín Gómez Parra, comandante del 62 Regimiento de Ingenieros Luciano Urdaneta entre el período 2003-2004.
Dicha responsabilidad le corresponde por autorizar el desvío de partidas presupuestarias para cancelar compromisos financieros de ese regimiento distintos a los presupuestados, así como la cancelación de un muro de contención y planta de tratamiento de aguas negras de la Base Militar Betania por la cantidad de 2 mil 20 millones de bolívares.
Asimismo, por el cobro de utilidades en las contrataciones del 62
Regimiento con el Caaez, en trabajos por mil 300 millones de bolívares, la firma de cheques para la ejecución de obras civiles y por haber suscrito contratos para la ejecución de obras sin cumplir los procedimientos de selección de contratistas establecidos en el Decreto Ley de Licitaciones.
De igual forma, se estableció la responsabilidad política del mayor del Ejército Orlando Alonso Herrera Sierralta, quien se desempeñó como coordinador entre el 62 Regimiento de Ingenieros y el Caaez.
A Herrera Sierralta se le acusa de haber expedido documentación para conformar el expediente que justificó la aprobación del pago de las valuaciones por parte del Caaez en casos de obras que no se ejecutaron, por lo que se causó un daño al patrimonio público.
Se le sindica también del cobro de utilidades en las contrataciones
que celebraba el 62 Regimiento de Ingenieros con el Caaez y en el
aprovechamiento de sus funciones como coordinador de obras para obtener ventajas para un tercero en la contratación de obras con la empresa Vialidad, Puentes y Edificaciones (Viapeca).
La responsabilidad política también fue aprobada por la plenaria
para el capitán del Ejército Franklin José Castillo, administrador del 62 Regimiento de Ingenieros Luciano Urdaneta.
En este caso, la responsabilidad es por el cobro de utilidades en las contrataciones que celebró el 62 Regimiento con el Caaez por el orden de mil 300 millones de bolívares y por ordenar los pagos a la empresa Inversora “E y F” sin que existiese evidencia alguna de que dicha empresa hubiese prestado el servicio.
De igual forma, se declaró la responsabilidad política del ex ministro
de Agricultura y Tierras Antonio Albarrán Moreno por el pago indebido de utilidades y excedentes en las contrataciones que celebró el 62 Regimiento, los cuales se reflejan en la partida de precios unitarios como ganancia de 10% a favor del 62 Regimiento.
También por haber cancelado valuaciones por obras no ejecutadas por ese regimiento, por actuar con negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes públicos y por no haber solicitado a las empresas contratadas las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Más adelante, por mayoría calificada de todos los diputados, fue
declarada la responsabilidad política de José Alberto Martínez Beguett y de Lisbeth Paredes Bastidas por su conducta negligente cuando desempeñaron los cargos de directores principales de la junta directiva del Caaez.
En la misma situación se encuentran las ingenieros Naudy Estrada, Esther González y Víctor Guédez por actuación negligente en el desempeño de sus cargos como inspectores de las obras ejecutadas por el central azucarero.
Otras de las personas declaradas con responsabilidad política en el informe aprobado por la plenaria fueron: Josefa Albarrán, Ronald Santiago Luna, Enrique Alexander Valero Rojas, Carlos Alberto Altuve, Uile Calderon Quintero, Antonio Cabezas, Edgar Edecio Molina Calles, José Joaquin Briceño, Freddy Rivero y Manuel Gómez Parra.
El informe aprobado recomienda al Ministerio Público continuar las
acciones legales con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, los particulares y los oficiales de la Fuerza Armada Nacional involucrados y exhorta a la Contraloría General de la República para que continúe la averiguación administrativa sobre estas personas.
Al mismo tiempo, solicita al contralor General, Clodosbaldo Russián, que verifique las declaraciones juradas de patrimonio de estos
ciudadanos para determinar el “quántum” del presunto enriquecimiento y la posible confiscación de bienes patrimoniales de los representantes legales de las empresas particulares que intervinieron en este caso.
Se solicita, asimismo, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y para cargos de elección popular de todos los involucrados conforme a la Ley Contra la Corrupción, la Ley de la Contraloría General de la República y la del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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