Mujeres indígenas ecuatorianas bloquean la carretera Panamericana cerca de Tacabundo, 50 km al norte de Quito, durante una protesta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 13 de marzo de 2006.
Foto: AFP
QUITO (AFP) - El gobierno de Ecuador expresó el miércoles que siente "amenazada" su frágil estabilidad por una protesta indígena contra el TLC con Estados Unidos que incluye bloqueos de carreteras y choques con la fuerza pública, precipitando la renuncia del ministro de Interior, Alfredo Castillo.Ante el levantamiento que se inició hace tres días y mantiene interrumpidas las carreteras en diez de las 22 provincias, dejando siete heridos y 16 detenidos, el presidente Alfredo Palacio informó a los poderes Legislativo y Judicial sobre "la amenaza que se cierne sobre la institucionalidad".
El secretario de Comunicación, Enrique Proaño, dijo que la "amenaza sobre la institucionalidad" surge de los pedidos de los aborígenes de suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y expulsar a la petrolera norteamericana Oxy, que tiene un pleito con el Estado.
"Los pedidos no son atendibles y por lo tanto parecería ser que lo que persiguen es una desestabilización de la democracia", dijo.
El portavoz anunció que Palacio se dirigirá a los ecuatorianos en las próximas horas "con el propósito de que todos podamos cerrar filas en defensa de la democracia".
Entretanto, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, afirmó: "El país está en una verdadera convulsión, está en una situación muy crítica, vamos camino a la anarquía y probablemente a la disolución".
El gobierno se acercó el miércoles a los indígenas en una gestión que coincidió con la dimisión de Castillo, un ex comunista que adujo desacuerdos con el manejo oficial de las manifestaciones de los sectores sociales.
"Lamentablemente, hay quienes todavía creen que los fusiles son la mejor forma de resolver la situación", declaró a la AFP el funcionario, cuya dimisión "verbal" fue aceptada por el presidente Alfredo Palacio, según Rigoberto Medina, portavoz del Ministerio.
Castillo, el tercer ministro de Interior que deja sus funciones en once meses de gobierno, consideró en su momento legítimos los reclamos sociales defendiendo siempre el diálogo, en contraste con otros miembros del gabinete opuestos a una salida bajo presión y partidarios del uso de la fuerza.
Horas antes de la renuncia, su viceministro (y posible sucesor) Felipe Vega sostuvo un diálogo con los nativos en uno de los escenarios del levantamiento, tras lo cual dijo que el Ejecutivo dará respuesta a sus inquietudes.
Entretanto, Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó: "Nosotros no nos cerramos al diálogo".
"Si es que Palacio no tiene la voluntad de hablar con el pueblo; si no está en la voluntad de consultar el TLC, nosotros le estamos diciendo que como él ha dicho que se quiere ir a la casa, ése es el mejor camino", añadió.
La Conaie y otros sectores sociales, que también ocupan la catedral de Quito y recibieron el apoyo de estudiantes que protagonizan disturbios en la capital, también reclaman a Palacio que convoque una consulta popular para decidir sobre el TLC.
Además plantean la nacionalización del crudo y la anulación de un acuerdo antidrogas que permite a Washington el acceso y uso de una base militar ecuatoriana hasta 2009.
Vega enfatizó que "el gobierno está negociando" el TLC y que el caso de Oxy "está en un proceso" a cargo del ministro de Energía, Iván Rodríguez, a quien la Procuraduría y la petrolera estatal Petroecuador propusieron la caducidad del contrato con la estadounidense, acusada de violar la ley.
"La protesta se está radicalizando con una mayor participación de las bases", dijo a la AFP el vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, y enfatizó que la medida "se mantendrá hasta el retiro de las negociaciones del TLC por ser perjudicial".
Ecuador se apresta a reiniciar las tratativas en Washington el 23 de marzo, que podría ser la última ronda para definir el acuerdo.
Según de la Cruz, unos mil aborígenes y labriegos que partieron desde la amazónica el Puyo marchan hacia Quito, avanzando unos 80 km hasta Ambato (110 km al sur).
Además de la rebelión indígena, los pobladores y organismos de las provincias de Tungurahua y Pastaza realizan una huelga indefinida desde el martes para exigir recursos al gobierno.
Un levantamiento indígena provocó la caída del ex presidente Jamil Mahuad, en enero de 2000. Los nativos también presionaron para la destitución del ex mandatario Abdalá Bucaram, en febrero de 1997.
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