Bogotá, 13 ene.- El gobierno colombiano está imposibilitado hoy de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, porque se lo prohíbe un dictamen del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Area de Libre Comercio de las Américas (RECALCA) asegura que una de sus estrategias jurídicas contra el TLC fue interponer esa acción popular en el mencionado tribunal.
Con fecha 12 de diciembre y notificada el 15 del mismo mes de 2005, los integrantes de ese cuerpo jurídico fallaron una decisión, como medida cautelar, que prohíbe al Presidente y a la Canciller rubricar el TLC como está redactado y de la forma en que se ha negociado.
La Organización No Gubernamental (ONG) precisa que la decisión judicial ordena al Presidente no firmar el TLC en aquellos aspectos que resulten lesivos a los derechos colectivos de los colombianos.
En ese sentido, recuerda RECALCA, la providencia relaciona aquellos puntos en los cuales se vulneran los derechos colectivos de los colombianos si se firma el TLC que hoy conocemos y que tanto preocupa a los diferentes sectores de la población.
La orden judicial señala que los derechos de los colombianos se vulneran en el tema agrícola debido al incremento de las importaciones de Estados Unidos de productos como trigo, maíz, arroz y partes de pollo, entre otros.
Sobre las medidas fitosanitarias, el dictado del tribunal refiere que Washington protege de manera rigurosa y excesiva el ingreso de productos a su territorio, lo cual es considerado una barrera no arancelaria para los artículos colombianos.
Asimismo, asevera que los subsidios otorgados por el gobierno norteamericano a su sector agropecuario afectan el interés colectivo de los colombianos, ya que este país no está en capacidad de conceder a sus agricultores tales ayudas.
En cuanto a los medicamentos, el fallo del Tribunal anota que cualquier concesión que haga el gobierno nacional en esta materia lesiona el derecho a la salud y puede llegar a afectar el patrimonio público por el incremento del gasto en la atención a la salud.
Además, prosigue, patentar organismos vivos afecta tratados internacionales relacionados con la protección de la biodiversidad, a la vez que prohíbe suscribir un TLC que contemple patentes sobre el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas.
RECALCA afirma que el mandato judicial de no firmar el TLC es de obligatorio cumplimiento por parte del Presidente y sus subalternos, por lo que su desobediencia sería tan grave como el desconocimiento de un fallo de la Corte Constitucional.
Por lo tanto, subraya, acarrearía consecuencias penales y disciplinarias, e invalidaría el TLC, ya que se firmaría por fuera del orden constitucional.
La medida cautelar esta vigente y únicamente puede ser revocada por parte del mismo aparato judicial, sostiene la ONG.
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