Washington, 17 dic (PL) El abuso de poder o el poder presidencial en Estados Unidos están hoy en el banquillo de los acusados, según comentan hoy medios de prensa norteamericanos.
Los estadounidenses dudan mucho que el presidente George W. Bush haga lo posible para protegerlos y si, al hacerlo, su gobierno preserva las libertades civiles.
El diario The New York Times analiza este sábado el debate iniciado en el país tras conocerse los abusos de poder de la Casa Blanca amparado en la supuesta lucha contra el terrorismo.
En su edición del viernes el rotativo abordó el tema al denunciar que el gobernante autorizó espiar a miles de sus compatriotas son necesidad de una orden judicial.
Ahora está en tela de juicio este asunto y analistas se preguntan cuantas normas constitucionales quebrantaron tales investigaciones autorizadas por Bush, pregunta el rotativo.
La revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) interceptó las llamadas de estadounidenses dentro del país sin permiso judicial y por orden secreta del Presidente a partir de 2002, crea malestar entre la población.
Al respecto, un editorial del diario californiano La Opinión plantea que "surge la interrogante de si se puede confiar en el gobierno para respetar las libertades que definen, de hecho, la naturaleza de este país".
Las atribuciones que se dio Bush fueron suficientes para que el Senado, impresionado por el informe aparecido en el Times, rechazara ayer la aprobación final de la Ley Patriota.
Esta legislación, que había pasado ya la Cámara de Representantes, hubiese hecho permanente una serie de poderes ejecutivos sin precedentes.
El Congreso debe dilucidar la cuestión, aclarar quién estaba al tanto, quién lo aprobó y quién se perjudicó del espionaje interno, plantea el diario californiano.
Según analistas las acusaciones son graves, pues este tipo de infracciones a la intimidad y violaciones de la Primera Enmienda se creían hasta ahora estrictamente limitadas.
Antes que Bush desatara su llamada guerra contra el terrorismo, tales pasos requerían de una solicitud de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a un tribunal especial reunido ex profeso y en secreto en el Departamento de Justicia.
El hecho de que el gobernante firmara las directivas para la intercepción de las conversaciones de centenares o miles de personas, ignorando totalmente a los jueces y con insuficientes controles, merece una investigación, consideran medios locales.
Como un anticipo de lo que viene, el Senado rechazó renovar la ley antiterrorista de 2001, la llamada Ley Patriota, en una clara derrota política para la Casa Blanca y los republicanos que son mayoría en esa Cámara.
Aparentemente, para el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, el abuso de poder presidencial es una herramienta en la lucha contra el terror.
No podemos estar sin estas herramientas clave por un solo momento, en la lucha contra el terror, dijo el funcionario.
Al valorar esta situación, el senador demócrata Edward Kennedy dijo que: "Necesitamos un consenso bipartidista que proteja tanto nuestra seguridad como nuestra libertad, y a la vez recuperar la confianza del público".
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