Fiscalía: Rosales podría haber cometido un hecho punible

Caracas 14 Mar. - El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, informó ayer que la fiscal sexta nacional Luisa Ortega Díaz ya remitió a su despacho el informe sobre el decreto de disolución de poderes de Pedro Carmona Estanga, en el cual se señala al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de presuntamente haber cometido un hecho punible y sólo falta que la funcionaria haga la acusación.

“Ella nos ha remitido al despacho del fiscal el informe con lo que ella considera que existen algunos hechos que, a su juicio, establecen una responsabilidad sobre el gobernador del Zulia”.

La fiscal “hace referencia a un conjunto de elementos de convicción que lo colocan en la situación de un hecho punible. Por lo pronto, eso es sólo un informe para mí y evaluaré esos hechos con sus asesores. Tendré mi propia conclusión que no necesariamente es la misma a la de la fiscal Ortega”.

Las declaraciones del funcionario las ofreció en Nueva Esparta, donde asistió a un foro de la Organización de Estados Americanos sobre la trata de blancas.

Rodríguez dijo que evaluará el informe junto con la Consultoría jurídica para luego emitir una decisión sobre el caso.

Ocho elementos

Como informara PANORAMA la semana pasada, la fiscalía sexta con competencia nacional presentó al fiscal general de la República un informe de seis páginas, con ocho elementos de convicción que vinculan a Rosales con el caso de los carmonafirmantes.

En consecuencia, la solicitud a Rodríguez es para que se pronuncie en relación con esta investigación y solicite al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito en contra del gobernador, de modo que se autorice al Poder Judicial abrir una investigación penal en su contra.

Entre los elementos de convicción —según confirmaron al diario fuentes de la Fiscalía— se mencionan el hecho público, notorio y comunicacional de la presencia de Rosales en el palacio de Miraflores el 12 de abril, cuando, en representación de los gobernadores del país, firmó el acta que dejaba sin efecto los poderes públicos del Estado, además de su rúbrica en el documento.

Para el allanamiento de la inmunidad del mandatario regional, el fiscal general debe recurrir ante el TSJ para solicitar el antejuicio de mérito, pues es su responsabilidad cuando se trata de altos funcionarios del Gobierno, específicamente el Presidente de la República, los ministros del gabinete, los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados del TSJ, el procurador general de la República, los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y los gobernadores de estado, tal como lo indica la Constitución.