miércoles, mayo 03, 2006

Gobierno de Bolivia no retrocederá en nacionalización de hidrocarburos

La Paz, 02 May. ABN.- El Gobierno de Bolivia descartó, este martes, que vaya a dar marcha atrás en lo que respecta al anuncio de nacionalización de los hidrocarburos y reveló que existen negociaciones para nuevas inversiones, en caso de que algunas empresas trasnacionales decidan retirarse del país.

El asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales, subrayó, por vía telefónica a la agencia Prensa Latina, que el decreto de nacionalización firmado este lunes por el presidente Evo Morales «es soberano y no se discute ni se negocia».

Al mismo tiempo, confirmó la decisión de expropiar acciones de cinco empresas del rubro, privatizadas en la última década, para tener 51% de la propiedad y manejarlas, así como elevar la participación del Estado en la producción de las restantes.

Desestimó de este modo presiones de gobiernos en favor de una negociación con las transnacionales afectadas, cuando comenzó a correr el plazo de 180 días para que las empresas firmen nuevos contratos acordes con el decreto o dejen el país.

La petrolera hispano-argentina Repsol YPF reaccionó este mismo martes al anuncio de nacionalización de hidrocarburos bolivianos, con una declaración en la que está dispuesta a renegociar con el Gobierno de Evo Morales sus contratos de explotación.

La compañía, que ha tenido problemas por operaciones ilícitas de comercialización, dijo que esperará a conocer el contenido exacto del decreto que nacionaliza la producción de hidrocarburos y concede a las empresas extranjeras seis meses para regularizar su situación.

Esa empresa se vio obligada a restar de su inventario de reservas probadas de hidrocarburos más de 1,25 millardos de barriles, fundamentalmente de gas, debido a las nuevas normas establecidas por los órganos petrolíferos boliviano y venezolano.

Portavoces de la compañía en Madrid, citados por el diario El País, pero no identificados, dijeron que Repsol YPF confía en llegar a una solución negociada con el Ejecutivo de Evo Morales y que la firma no considera probable abandonar Bolivia.

La petrolera española es la compañía extranjera que más ha invertido en el país del altiplano andino, con activos que suman casi un millardo de euros y controla más de la tercera parte de las reservas de gas bolivianas.

Bolivia representa 18% de las reservas de hidrocarburos de Repsol YPF, 10% de su producción y menos de 3% de su beneficio neto, que el año pasado fue de 3,12 millardos de euros.

Otras 25 petroleras internacionales están presentes en Bolivia, como la brasileña Petrobras, la francesa Total o las británicas British Gas y Bristish Petroleum.

«Las que no acepten tendrán que irse», apuntó este lunes el vicepresidente de la República, Álvaro García, en una explicación de la medida que sacudió al país al desatar expresiones de vibrante patriotismo.

Ante una pregunta sobre qué pasará si se retiran, García señaló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha firmado un acuerdo con una empresa norteamericana para que opere en Bolivia bajo los nuevos términos.

«Hay también negociaciones con compañías de Europa y con Petróleos de Venezuela, y lo importante es que, en adelante, las transnacionales serán empresas de servicios que trabajarán para el Estado con una utilidad conveniente y razonable», añadió.

Manuel Morales precisó que ese margen de rentabilidad será de 7%, normal dentro de los parámetros internacionales. También señaló que las transnacionales que operan en Bolivia trabajarán en adelante para el Estado a cambio de esa ganancia.

Indicó que el Estado recibirá ingresos extra por 300 millones de dólares anuales por el artículo del decreto nacionalizador, que le asigna 82% del valor de la producción de los campos gasíferos de producción, superior a 100 millones de pies cúbicos diarios.

La cifra corresponde solamente al rendimiento de los grandes yacimientos de San Alberto y Sábalo, explotados por las empresas Petrobras, de Brasil, y Repsol, de España.

Añadió que en los campos con producción menor a ese volumen seguirán dando provisionalmente al Estado 50%, y se estudiará caso por caso para aplicar una participación estatal acorde con su rendimiento, que puede oscilar de 60% y 70%.

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