Chacón denunció presuntas irregularidades por Bs. 9 millardos en Ciudad Lebrún

Caracas, 22 Mar. ABN.- El titular del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), Jesse Chacón, denunció presuntas irregularidades por más de nueve millardos de bolívares cometidas en la adquisición de un terreno y un inmueble que serían utilizados para el funcionamiento de la Ciudad Judicial Lebrún, situada en Petare, estado Miranda.

Dijo que ante la Comisión Ministerial Anticorrupción, adscrita al MIJ, fue denunciado el caso, el cual está relacionado con la negociación entre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), representada por el magistrado Luis Velásquez Alvaray, y la empresa Inversisones AZ 2000, anterior propietaria de los terrenos de la Ciudad Judicial Lebrún.

Agregó que ante la presencia de hechos que pudieran estar tipificados en la legislación penal, el MIJ envió la documentación ante el Consejo Moral Republicano para que se pronuncie sobre el caso.

Esto habida cuenta de que el magistrado Velásquez Alvaray goza de fuero, por lo que el pronunciamiento del consejo es un requisito previo e imprescindible para iniciar una investigación de carácter penal en el Ministerio Público.

El proyecto del Consejo de la Magistratura señala que la Ciudad Judicial estará ubicada en un parcelamiento definido como Zona Industrial Lebrún, sector Los Nardos, Municipio Sucre del estado Miranda.

Explicó que en esta operación se adquirieron dos lotes de terrenos: uno por 36 mil metros cuadrados, perteneciente a la Electricidad de Caracas, y una parcela de 4.314 metros cuadrados, vendida por Inversiones AZ 2000.

Indicó que el proyecto original hacía referencia a un inmueble de cuatro plantas, de 16 mil metros cuadrados, donde funcionarían los tribunales civiles que actualmente operan en el edificio José María Vargas, situado en la esquina de Pajaritos.

Señaló que entre las operaciones que realizó la DEM, a través del magistrado Velásquez Alvaray, están la compra a la Electricidad de Caracas, el 21 de septiembre de 2005, de un terreno de 36 mil metros cuadrados y de un inmueble de 32 mil metros cuadrados de construcción por 26,87 billones de bolívares.

Previo a esto, el 15 de septiembre de 2005, la DEM adquirió de la empresa AZ 2000 un terreno de 4.314 metros cuadrados y una edificación de 15 mil metros cuadrados por más de 50 millardos de bolívares, manifestó.

Precisó que estas dos operaciones se efectuaron en el registro inmobiliario del primer circuito del Municipio Sucre del estado Miranda y destacó que de la información recopilada por ese organismo se evidencia una violación del marco legal.

A manera de ejemplo, citó que antes del registro del 15 de septiembre, el 16 de agosto, se plantea una negociación inicial entre la empresa AZ 2000 y la DEM, mediante la cual la última adquiriría el terreno y la infraestructura por 50,10 millardos de bolívares.

Esa primera transacción fue registrada en un documento bajo los siguientes términos: «Se paga la negociación de compra y venta simple en dos elementos dentro del mismo contrato».

El primero es el terreno más el inmueble, por 14,20 millardos, y una modalidad de llave en mano de remodelación de esa infraestructura, por 31,20 millardos de bolívares aproximadamente; sin embargo, al final totaliza el monto establecido anteriormente de 50 millardos de bolívares.

El 18 de enero de 2006, en el mismo registro, las partes convalidan la misma negociación y ratifican la venta del terreno más el inmueble.

En esa ocasión, la DEM manifiesta no querer que la empresa que le entregó el contrato culmine las obras y le reconoce, mediante un supuesto informe que debería estar anexo al documento, la realización de obras por dos millardos de bolívares, expresó Chacón.

Reconoció que ese anexo nunca fue registrado pero la negociación final fue por 16,20 millardos de bolívares.

Chacón recordó que el 31 de marzo de 1986, la empresa Pepeganga compró, por 30 millones de bolívares, el terreno y la edificación antes mencionada, la cual nunca se culminó porque tenía problemas con el nivel freático de la zona.

Sin embargo, el 10 de octubre de 2002, la empresa Pepeganga vende a Inversiones AZ 2000 el terreno y el inmueble por 2,17 billones de bolívares.

Posteriormente, el 16 de agosto, Inversiones AZ 2000 vende a la DEM el terreno y la edificación por 50 millardos de bolívares.

El 15 de septiembre se modifica el documento y se incluye el concepto de llave en mano, que separa la venta del terreno y el inmueble por 14 millardos de bolívares.

El ministro reveló que la compañía Inversiones AZ 2000, cuya misión era la venta de manufacturas, calzados y prendas de vestir, entre otros, fue constituida el 3 de septiembre de 1999 con un capital social de un millón de bolívares.

Pero fue el 11 de octubre de 2005, después de la venta, cuando cambió su razón social por la de explotación del negocio inmobiliario.

«Llama la atención, en su opinión, que José Iglesias Lorenzo compró 999 acciones nominales de la empresa AZ 2000, con lo cual se convirtió en el socio mayoritario y la diferencia entre ambas transacciones es de 23 millardos de bolívares», puntualizó el ministro.

Chacón ratificó que hay presuntas irregularidades en el procedimiento adquisitivo del terreno y la edificación y que, además, Inversiones AZ 2000 no tenía tradición ni capital social para acometer lo acordado en la negociación por 36 millardos de bolívares, que comenzó el 26 de agosto (cuando su capital era de un millón de bolívares), y finalizó el 18 de enero, con la firma de un documento donde no están registrados los anexos.

Igualmente, los terrenos donde funcionaría la Ciudad Judicial Lebrún tienen una administración industrial.

Por otra parte, cuando se incluye en el contrato el concepto de llave en mano, que en la práctica se convierte en una adjudicación directa, se presume que se violó lo estipulado en la Ley de Licitación, entre otros aspectos.