Caracas.- El presidente Hugo Chávez rechazó la condena hecha el lunes por la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Quito, contra el gobierno venezolano por violar la libertad de expresión y el derecho a la información, asegurando que repudia que sectores políticos y periodísticos de algunos países latinoamericanos “se presten” para atacar a su gobierno y pidió a los líderes de esas naciones “oír el clamor de sus propios pueblos”.
En cadena nacional, Chávez repudió que se diga que no hay libre expresión en Venezuela cuando “todos los periódicos aquí publican en primera plana eso que ellos dicen (risas), se desmienten a sí mismos, y por eso es que provocan risa en algunos casos”, dijo despectivamente.
El Jefe de Estado sostuvo que algunos comunicadores provocan a funcionarios del gobierno para que los encarcelen y luego decir que los están persiguiendo.
En este sentido aseguró que con este tipo de acciones se le estaría haciendo un favor para que continúen los ataques en contra del gobierno. A manera de reflexión, manifestó a los funcionarios del gobierno que las acciones emprendidas contra periodistas por casos de difamación podrían ser inconvenientes.
“Algunos lo que quieren es que uno caiga en eso”, y aseguró que mientras esté en la Presidencia de la República no iniciará procesos privados para revertir acusaciones en su contra que considere falsas.
El primen mandatario nacional recordó que en los últimos años ha sido el blanco de acusaciones infundadas, al igual que varios miembros de su familia. Sostiene que si iniciara acciones legales en contra de las personas que lo han difamado, perdería mucho tiempo.
Tales declaraciones las dio el primer mandatario desde el acto de reapertura de la Planta Termoeléctrica Pedro Camejo en Los Guayos, estado Carabobo, donde el Jefe de Estado acotó que lleva adelante una estrategia para deshacer el supuesto plan neoliberal de acabar con el Estado nacional a través de la privatización. “Es el plan de Washington, el plan del imperio”, acusó.
La planta beneficiará con electricidad a los estados Carabobo, Cojedes y Falcón. Afirmó que la planta no estaba operativa como consecuencia de los planes de los gobiernos pasados para venderla a precio de “gallina flaca” a empresas privadas.
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