QUITO (AFP) - El gobierno de Ecuador endureció el martes su posición frente a los indígenas que protestan contra un TLC con Estados Unidos, al imponer el estado de emergencia y ordenar la militarización de cinco provincias, al tiempo que despejó rumores sobre un supuesto malestar en los cuarteles.
Amparado en el estado de excepción, el presidente Alfredo Palacio dispuso el envío de tropas a las regiones y restringió, por tiempo indefinido, el ejercicio de algunos derechos como el de movilización, reunión y de libre información en esas zonas.
"Se declara el estado de emergencia en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar -en la sierra andina- y los cantones de Tabacunda y Cayambe, en Pichincha (de la que Quito es capital)", según un decreto oficial.
La medida también establece que los militares asuman el control y declaren esas regiones como zonas de seguridad.
Vega añadió que las tropas actuarán con cautela para evitar enfrentamientos con las comunidades que exigen desde hace diez días una consulta popular sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) mediante bloqueos de vías y movilizaciones.
"Vamos a actuar con mucha cautela. Hago un llamado a los indígenas para que depongan las acciones", indicó Vega, y agregó que los militares despejarán progresivamente las vías ocupadas por los manifestantes, cuya acción empezó a ocasionar desabastecimiento de comida en varias ciudades.
Vega aprovechó el momento para desmentir, de paso, una información de la revista colombiana Semana según la cual "un grupo de militares estaría planificando la salida del mandatario ecuatoriano".
"Es una interpretación absolutamente ofensiva para nuestras Fuerzas Armadas y no da cuenta de la realidad", indicó el ministro.
A primera hora, el propio Vega había dado luz verde para que los indígenas organizaran un plebiscito, en un intento por frenar la rebelión indígena que se extendió a Quito con marchas pacíficas.
"Invito al movimiento indígena a que reúna las firmas como establece la Constitución y proponga la consulta", dijo el ministro tras fracasar en el propósito de diálogo con los líderes aborígenes.
Para poder realizar la convocatoria, La Conaie deberá reunir alrededor de 656.000 firmas, es decir, el 8% del padrón electoral, según la Constitución.
"Hace falta la consulta para preguntar a la gente si queremos o no el TLC", dijo Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en otro contrapunto con el Ejecutivo, que el próximo jueves continuará la negociación del acuerdo comercial en Washington, en lo que podría ser la última ronda de discusiones.
"Por qué tanto secretismo, el pueblo no conoce absolutamente nada sobre el TLC, eso hay que debatirlo no sólo al interior del movimiento indígena", apuntó el líder de la Conaie, que convocó a la rebelión que -según sus dirigentes- deja 30 heridos y un centenar de detenidos hasta el momento.
Macas y Vega se sentaron juntos el martes durante una entrevista difundida por el canal Ecuavisa, en la cual el ministro enfatizó que se concluirán las negociaciones del TLC si es beneficioso para Ecuador y que podría darse el plebiscito para definir su firma.
Entretanto, decenas de indígenas marcharon este martes por las calles de Quito para exigir al gobierno una consulta popular sobre el TLC y la expulsión de la petrolera Oxy, en el inicio de una serie de movilizaciones que buscan rodear la sede presidencial.
"Vamos a aguantar lo que sea necesario, podemos quedarnos en Quito hasta 10 días o más", dijo César Umajinga, prefecto de la provincia de Cotopaxi.
El ministro de Gobierno estimó que en el levantamiento están participando entre 4.000 y 4.500 personas que tienen cerradas carreteras de cinco provincias.
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