Cárcel y pena máxima para los corruptos

El pasado 16 de marzo, la Plenaria de la Aamblea Nacional, se pronunció en torno al bochornoso acto delictivo de malversación y corrupción realizado por una veintena de funcionarios públicos y ejecutivos en el Complejo Agrario Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez).

Distinguidos militares y civiles se confabularon durante dos largos años para cometer toda clase de ilícitos, perjudicando los re-cursos de la nación en casi dos millardos de bolívares.
La Asamblea Nacional se ha ex-pedido declarando la responsabilidad política y se espera que con ello se abra paso el juicio penal contra estos declarados enemigos del pueblo.

Sin duda, lo acontecido en el Caaez, apenas es la punta del iceberg, del altísimo grado de corrupción que existe en el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales. Una cuerda de sinvergüenzas, se ha dado a la tarea de socavar la revolución, produciendo desmoralización en las filas del pueblo y alimentando políticamente a la oposición gol-pista que hace fiesta cada vez que se conocen hechos dolosos de tal magnitud.

Mal haríamos en tratar de defender lo indefendible y escudar-nos tratando de decir que el régimen de la IV es mucho más corrupto que el de la V República. No podemos olvidar que ambos se dan en el marco del modelo capitalista, que tiene en la corrupción, uno de sus pilares funda-mentales. De lo que se trata es de acabar con el sistema económico de las multinacionales, los empresarios, los banqueros, los gran-des comerciantes y los terratenientes, que reproduce a granel los vicios de sistemas económicos decadentes.

Cárcel y pena máxima

El azote de la burocracia y la corrupción debe ser castigado severamente. No basta con declarar como responsables políticos al ex ministro Antonio Albarrán; al General de Brigada Delfín Gómez Parra, al Mayor Orlando Alonso Herrera y a otras 16 personas más.

Los organismos de control del Estado deben exigir para estos delincuentes la reclusión en una cárcel de máxima seguridad y el cumplimiento de la pena máxima contemplada en el Código Penal. Ello serviría de ejemplo para los miles de burócratas que ahora gozan un puyero, aprovechándose del manejo de cuantiosos presupuestos, sin vigilancia alguna.


Control obrero y social

Complementariamente, hay que luchar para que el gobierno reconozca y acepte que la única posibilidad de evitar la burocracia y la corrupción es la gestión obrera y popular directa, sobre las entidades y la ejecución de los proyectos.

Sólo el pueblo salva al pueblo dice el adagio popular y tiene mucha validez para la situación que hoy afrontamos en el país. Es preciso luchar para que las comunidades organizadas y los propios trabajadores comprometidos en las instituciones o en el desarrollo de las obras, decidan democráticamente cómo actuar y llevar a cabo las misiones encomendadas.

La designación a dedo de una nueva Junta Directiva en el Caaez por parte del Ministro Elías Jaua, no hace más que reproducir la enfermedad. Ya veremos como en corto tiempo, en el Caaez, así como el resto de proyectos de desarrollo endógeno, en las misiones o en las empresas de producción social, germinarán nuevos brotes de corrupción, ya que no existe una verdadera democracia participativa que garantice que la población sea quien tome las decisiones.

Los socialistas llamamos al pueblo a movilizarse, a hacer respetar el criterio de la Contraloría Social y el ejercicio del control directo sobre las obras, los presupuestos, las empresas y de todo el aparato de gobierno, camino hacia el socialismo. Esa es la única salida viable y posible.